Este informe refuerza una iniciativa judicial del más alto nivel y confirma la denuncia hecha por Defensores de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, líderes y periodistas en Venezuela, quienes han advertido sobre el escaso compromiso del sistema judicial venezolano en avanzar en las investigaciones judiciales en contra de todos los involucrados en estos crímenes, comenzando por los responsables de la violencia directa hasta escalar a los cuadros de mando y decisión política que construyeron un sistema represivo para asesinar, torturar, silenciar y expulsar del país a sus adversarios.

La contundencia de este documento y la importancia de la investigación que lleva adelante el máximo tribunal penal de La Haya, explica el nerviosismo de algunas figuras del régimen que han llegado a pedir el fin de este proceso judicial como condición para avanzar en el diálogo político en México, un sinsentido que no sólo evidencia la inquietud en Miraflores, sino que además es una ofensa para las víctimas y sus familiares, presentados como meras fichas de cambio.

La justicia y reparación no son conceptos que aparecen en la vocería oficialista, lo que demuestra que el interés de quienes gobiernan está dirigido exclusivamente en la preservación de su poder, sin pensar en la estela de victimas que su ambición ha dejado por el camino.

A pesar de lo doloroso de este proceso, el documento presentado es otra evidencia de la importancia que tiene el trabajo coordinado y solidario en la sociedad venezolana. El dar a conocer y explicar este proceso, acercar a las víctimas a los formularios de la Corte, brindar asesoría técnica para el llenado de las planillas y la elaboración de los soportes de sus declaraciones, requirió una gran cantidad de horas de trabajos por parte de activistas de Derechos Humanos, ONG, líderes comunitarios y profesionales, lo que nos confirma que la defensa de nuestros derechos es más efectiva si se trabaja de manera conjunta y coordinada entre todos. Un esfuerzo titánico, hecho a contra reloj y logrado gracias a que muchos venezolanos que decidieron trabajar juntos por su compromiso con la justicia.

Sólo un tejido social fuerte es capaz de acercar la justicia a las víctimas y sus familiares, todo un aprendizaje que nos ratifica la importancia de la solidaridad como un valor capaz de generar los primeros cambios que la mayoría de los venezolanos quieren para su país.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Es por eso que hace unos días un grupo de profesionales, agrupados en organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de jubilados y pensionados, presentamos al país la iniciativa Reactivados, un proyecto para que los adultos mayores y jubilados que lo deseen, dispongan de una asesoría técnica, un sistema de oportunidades para la formación y una red de contactos que les permitan volver a trabajar o sacar adelante su proyecto de emprendimiento. Reactivados es una alianza de organizaciones comprometidas para dar una respuesta concreta, aquí y ahora, a un sector de la población expuesta a la temprana exclusión laboral, justamente en un momento donde el país requiere los talentos y aprendizajes atesorados a lo largo de toda una vida, una experiencia y un compromiso de trabajo que puede ser reactivada en beneficio y propio y al servicio de la reconstrucción del país.

Apoyar esta propuesta que busca empoderar a los adultos se vincula con el compromiso que tenemos de seguir luchando por los derechos de nuestros jubilados. Desde hace tiempo hemos venido denunciando las pensiones de hambre con que los poderosos han sometido a este sector de la población, hemos acompañado en la calle a las movilizaciones gremiales por sus reivindicaciones, hemos alertado sobre la vocación autoritaria de un sistema que persigue, detiene y tortura a los líderes sindicales y hemos denunciado el robo a los derechos laborales con la aplicación del llamado Instructivo Onapre. Con Reactivados queremos dar opciones concretas de mejora en la calidad de vida a los adultos mayores al mismo tiempo que seguimos visibilizando su situación y movilizándonos en la lucha por la recuperación de los derechos que le han sido robados.

Reactivados es un proyecto que apuesta por el valor de nuestros adultos mayores y profesionales prematuramente jubilados, es una iniciativa que cree en el trabajo en red de las organizaciones que hacen vida en la sociedad venezolana, es una propuesta que se funda en la certeza de que los venezolanos sabemos reconocer la experiencia de profesionales que han servido a nuestro país y que se merecen tener opciones para formarse y seguir trabajando por la Venezuela del cambio que todos queremos. Además busca seguir apoyándolos en su lucha por pensiones dignas.

Agradecemos el apoyo recibido por Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras; Alfredo Padilla, presidente de Atraem (Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia, Emprendedores y Microempresarios); Migdalia Plaza, jubilada del Ministerio de Transporte; Luisa Rada, coordinadora de jubilados de Sitraenseñanza; Emilio Losada, de la Fenajupv y el presidente de la CTV, José Elías Torres.

Ustedes dieron el primer paso para acompañarnos en esta iniciativa en la que esperamos que otras empresas y organizaciones de la sociedad civil se puedan sumar. Estamos seguros de que entre todos sabremos potenciar las oportunidades que tanto necesita nuestro país.

Si estás interesado en conocer, apoyar o participar en la iniciativa Reactivados, te invitamos a escribirnos a: reactivadosvzla@gmail.com. Para más información https://reactivadosvzla.com/

Las primarias son una expresión concreta de la herramienta central para lograr el cambio que aspiramos y promovemos: la participación pacífica y determinada de todos los venezolanos. Es un proyecto que plantea el protagonismo de la gente para lograr ese cambio y desmonta las ideas mesiánicas o caudillistas que infantilizan a la gente.

Las primarias es un proyecto que fue alcanzado la madurez y la importancia que tiene gracias al esfuerzo de un grupo de venezolanos comprometidos con el cambio pacífico y democrático. Hay que destacar el compromiso irrevocable que han demostrado los actores políticos que buscan la democracia con este proceso.

En medio de una dictadura que censura, persigue, tortura y expulsa a la disidencia, que un puñado de líderes con legítimas aspiraciones presidenciales, salgan a las calles a hablar de un país posible en democracia, que se atrevan a cuestionar la gestión de los recursos públicos, que se conecten con la realidad de la gente y sus problemas, que se acerquen a conocer los liderazgos que nacen en las comunidades, es todo un logro que confirma la sed de cambio que existe en los venezolanos.

Hoy, Las primarias de la oposición, es un proyecto que nos pertenece a todos los que creemos en el cambio y quienes militamos en la convicción de la necesidad de garantizar la unidad de los demócratas.

Las primarias han adquirido una contundencia política que ha marcado la agenda informativa en nuestro país, poniendo a los poderosos en una posición reactiva y a la estela de la agenda que genera la Comisión Nacional de las primarias. Este papel de segundones en la vida pública no es del agrado de Miraflores y su reacción, aunque lamentable, ha trascurrido según lo esperado en un sistema de vocación autoritaria: violencia callejera, censura informativa, persecución de los cuerpos de seguridad, intervención del Consejo Nacional Electoral, amenazas de bloquear judicialmente el proceso y, como era de esperar, el repetido uso de la Contraloría General de la República como instrumento para seguir arrojando inhabilitaciones inconstitucionales sobre los candidatos.

Estas agresiones nos recuerdan que las primarias son un proceso que va más allá de los nombres de los movilizados en campaña. Es un esfuerzo que ha devuelto a los venezolanos la posibilidad de pensar y definir el método de escogencia a sus líderes, es una iniciativa autónoma que entrega a los ciudadanos la posibilidad de legitimar a sus representantes.

En más de un sentido, este complejo y arriesgado proceso de las primarias se han convertido en una escuela de formación ciudadana que explica a los venezolanos, de manera pedagógica, la superioridad política y moral de la democracia como método para la resolución de conflictos y como sistema que devuelve a la gente las libertades ciudadanas. Es por eso que cuando los poderosos acosan una iniciativa sobre la que no tienen ningún ámbito de competencia legal, en el fondo están atacando una idea mayor: la libertad.

Las primarias, la plataforma desde donde se puede construir la unidad de la oposición, se está convirtiendo en un método de peso en la opinión pública venezolana para elegir a nuestros líderes y orientar de manera más eficiente la estrategia política y electoral, una idea que propusimos en el 2021 cuando planteamos este método para elegir a los candidatos a las elecciones municipales y regionales.

Hoy más que nunca, debemos insistir en el trabajo solidario y coordinado que involucre a los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, ONG, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y los líderes en las comunidades, en apoyo a las primarias.

Desde hace meses un proyecto recorre las calles de Venezuela dando cuerpo y voz a las aspiraciones democráticas y de unidad que tienen la mayoría de los venezolanos y conectando con las ganas de libertad que hay en el país. El proyecto de la participación que tiene en las Primarias su primera expresión. Defender este espacio nos compromete a todos.

Alimenta la Solidaridad es una idea que en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, adquirió un camino propio que fue dictado por las propias comunidades y sus liderazgos. Detrás de cada plato de comida que se sirve a un niño, existe un esfuerzo de organización comunitaria de muchas horas de trabajo para garantizar que el alimento llegue a los comedores, para lograr el apoyo voluntario de las madres cocineras, adecuar los comedores en las casas de familias, lograr donaciones para las instalaciones, dirigir el esfuerzo para llegar a quienes más lo necesitan y, desde ese espacio, contribuir en el esfuerzo de organización y empoderamiento de las propias comunidades.

20 millones de nutritivos y sabrosos platos de comida servidos en estos 7 años, es una cifra que apenas logra mostrar el alcance que ha tenido Alimenta la Solidaridad. Gracias al apoyo de los liderazgos naturales y al esfuerzo de organización que permite el funcionamiento de los comedores, nacen y crecen otros proyectos como los programas de formación para padres, sistemas de apoyo y reforzamiento educativo, iniciativas para el reforzamiento en lectoescritura, sistemas de acompañamiento al emprendimiento y espacios de educación para los liderazgos comunitarios de las mujeres. Alimenta no llega a las comunidades, se construye y se consolida en las propias dinámicas de los vecinos que se organizan y  trabajan por un futuro que les pertenezca, es un proyecto que coincide con las ganas de cambio democrático que hay en el país.

Cuando comenzamos a dar forma a esta idea, hace siete años en La Vega, nos hubiera gustado que con el paso del tiempo los comedores no se hubieran convertido en un recurso tan importante para muchas familias venezolanas, hubiésemos preferido hacernos innecesarios, pero la crisis humanitaria sigue instalada en nuestro país. Como bien lo señala la líder comunitaria y responsable del comedor de El Carmen en La Vega, Amelia Flores, hemos visto mayor necesidad, más niños que piden el apoyo de Alimenta la Solidaridad. Una noticia que nos obliga a renovar el compromiso con las comunidades, trabajar aún más para levantar los recursos con donantes e insistir en la organización comunitaria que crece y se fortalece en torno a estos espacios.

En 2016, un grupo de venezolanos preocupados por la situación de la inseguridad alimentaria, decidimos contribuir en un proyecto para contribuir a paliarla en los niños que viven en la parte alta de La Vega. La idea era sencilla y en principio limitada a un período de tiempo, así que nos pusimos a trabajar con el apoyo de Fe y Alegría, el colegio Andy Aparicio, los vecinos de la comunidad y el padre Alfredo Infante, para extender, durante las vacaciones escolares, el programa de Alimentación Escolar en el colegio. Hoy recordamos que hace siete años abrimos el primer comedor de Alimenta la Solidaridad para 60 chamos de La Vega y ahora estamos en 13 estados del país con 240 comedores comunitarios.

Alimenta la Solidaridad es una idea que en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, adquirió un camino propio que fue dictado por las propias comunidades y sus liderazgos. Detrás de cada plato de comida que se sirve a un niño, existe un esfuerzo de organización comunitaria de muchas horas de trabajo para garantizar que el alimento llegue a los comedores, para lograr el apoyo voluntario de las madres cocineras, adecuar los comedores en las casas de familias, lograr donaciones para las instalaciones, dirigir el esfuerzo para llegar a quienes más lo necesitan y, desde ese espacio, contribuir en el esfuerzo de organización y empoderamiento de las propias comunidades.

20 millones de nutritivos y sabrosos platos de comida servidos en estos 7 años, es una cifra que apenas logra mostrar el alcance que ha tenido Alimenta la Solidaridad. Gracias al apoyo de los liderazgos naturales y al esfuerzo de organización que permite el funcionamiento de los comedores, nacen y crecen otros proyectos como los programas de formación para padres, sistemas de apoyo y reforzamiento educativo, iniciativas para el reforzamiento en lectoescritura, sistemas de acompañamiento al emprendimiento y espacios de educación para los liderazgos comunitarios de las mujeres. Alimenta no llega a las comunidades, se construye y se consolida en las propias dinámicas de los vecinos que se organizan y  trabajan por un futuro que les pertenezca, es un proyecto que coincide con las ganas de cambio democrático que hay en el país.

Cuando comenzamos a dar forma a esta idea, hace siete años en La Vega, nos hubiera gustado que con el paso del tiempo los comedores no se hubieran convertido en un recurso tan importante para muchas familias venezolanas, hubiésemos preferido hacernos innecesarios, pero la crisis humanitaria sigue instalada en nuestro país. Como bien lo señala la líder comunitaria y responsable del comedor de El Carmen en La Vega, Amelia Flores, hemos visto mayor necesidad, más niños que piden el apoyo de Alimenta la Solidaridad. Una noticia que nos obliga a renovar el compromiso con las comunidades, trabajar aún más para levantar los recursos con donantes e insistir en la organización comunitaria que crece y se fortalece en torno a estos espacios.

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Alimenta la Solidaridad es hoy una idea necesaria, vigente, un proyecto que trabaja en el aquí y el ahora para atender una emergencia humanitaria al mismo tiempo que fortalece los liderazgos naturales, es un aporte concreto a nuestra realidad y una apuesta a futuro por la organización popular y el trabajo en red de todos los que estamos comprometidos con el cambio en el país.

Si deseas apoyar esta iniciativa, te invitamos a conocer esta experiencia y apadrinar uno de los comedores de Alimenta.

www.alimentalasolidaridad.org

Lo ocurrido es la conclusión de un proceso que se inició en tiempos del expresidente Hugo Chávez y que avanzó entre amenazas, amedrentamientos, multas, demandas judiciales, el fin de la concesión radioeléctrica a la emisora (2019), el robo de equipos y el sabotaje a los servicios públicos para evitar que RCR 750 trasmitiera su señal por la plataforma digital, un compendio de acciones que confirma que la censura en el país, o como le gusta decir a los palangristas del régimen, la “hegemonía comunicacional”, es una estrategia política claramente definida y aplicada por el alto mando revolucionario para silenciar a la disidencia, amenazar a sus rivales, evitar rendir cuentas e imponer el desaliento en los ciudadanos desde una parrilla informativa unicolor, donde la única verdad tolerada la transmite la red de medios del Estado.

Lo ocurrido a Radio Caracas Radio no es un hecho aislado y se suma a la larga lista de medios censuraros, amenazados y cerrados, es un episodio que nos recuerda el extenso expediente de periodistas y profesionales de la comunicación detenidos, torturados o amenazados por los cuerpos de seguridad del Estado.

En un intento de poner en perspectiva el espesor de la censura que se ha impuesto en el país, la ONG Espacio Público ha contabilizado 403 medios de comunicación independientes cerrados en los últimos 20 años, de los cuales 285 son emisoras de radio, una censura que ha permitido que en 13 estados del país no existan ningún medio de comunicación con una línea editorial independiente, una situación que podría explicar la razón por la cual, según el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), en el país tengamos 7 millones de ciudadanos, el 21% de la población, que viven en medio de un “desierto de noticias”.

Tras el cierre de la emisora radial, Jaime Nestares, gerente general de RCR 750, concedió una entrevista en la que se permitió reflexionar sobre el avance de los regímenes totalitarios. Según el profesional de la comunicación, los sistemas de poder de vocación autoritaria se sostienen con el apoyo de un grupo poco numeroso de personas que se corrompen y apoyan a la dictadura, un sistema que es enfrentado por otro pequeño número de ciudadanos en una batalla desigual, lo que lo lleva a preguntarse por lo que piensan y hacen la inmensa mayoría de personas que son testigos de estos hechos.

Una pregunta válida que queda planeando en el silencio que nos está legando la censura en el país, una interrogante que nos obligar a sumarnos en el esfuerzo por la organización y defensa de los espacios democráticos, una invitación a trabajo en red junto con las ONG, activistas de derechos humanos, periodistas, gremios, sindicatos y liderazgos naturales que nacen en nuestras comunidades, un compromiso en defensa frente a los avances autoritarios del régimen. Sólo con el esfuerzo coordinado entre todos, se puede avanzar en el cambio pacífico y democrático que desean la mayoría de los venezolanos.

En el país queda mucho por decir y vamos a luchar para que nuestra voz sea escuchada libremente.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Según la Sala del Tribunal Internacional, la Fiscalía venezolana ha caído en demoras injustificables, con períodos de inactividad, se ha enfocado en los responsables directos de estos crímenes sin escalar en la cadena de mando para llegar hasta los responsables que dieron las órdenes, ha ignorado la línea de investigación según la cual estos delitos se pudieron haber cometido de manera sistemática como parte de una estrategia para reprimir y intimidar a la población civil y ha mostrado avances muy precarios sobre las investigaciones en marcha, todo un panorama que está muy por debajo de la expectativas y requerimientos exigidos por la Corte Penal Internacional.

La decisión de la Corte parece rubricar ante la opinión pública del mundo una realidad que conocemos muy bien los venezolanos, la certeza de que el sistema judicial es incapaz de llevar adelante investigaciones independientes que garanticen la justicia y la reparación a las víctimas, que la Fiscalía se ha convertido en un apéndice de todo un sistema de poder construido para garantizar el control del régimen, perseguir la disidencia e intimidar a la población civil.

Lo que ocurre en el país va mucha más allá de una «narrativa» que sataniza al régimen, por el contrario se funda en un doloroso listado de casos, rigurosamente documentados, que serán investigados bajo la supervisión de la CPI a pesar de las estrategias desplegadas por el régimen para entorpecer el proceso.

Venezuela es uno de los casos donde la Corte tendrá que seguir adelante con las investigaciones a pesar de que algunos de los sospechosos están en puestos de poder, una situación que puede ser desalentadora para las víctimas y que nos exige movilizarnos en su apoyo. Un reto que nos recuerda que en torno a los Derechos Humanos y las libertades civiles, la mejor defensa que puede hacer la sociedad es el trabajo coordinado y solidario de las ONG, los activistas de Derechos Humanos, los periodistas, los líderes en las comunidades y los ciudadanos.

La decisión de la Corte Penal Internacional es un avance dentro un complejo panorama, un logro que hemos alcanzado con el esfuerzo y el trabajo de muchas personas comprometidas con la justicia, los derechos humanos y la democracia.

Nosotros, desde el Monitor de Víctimas –una iniciativa para la identificación, documentación y asistencia a las víctimas de la violencia de Estado–, seguiremos colaborando con todos estos esfuerzos para que Venezuela pueda construir un sistema judicial independiente donde la justicia sea el fundamento para el pleno ejercicio de nuestras libertades.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Somos un país con esperanza entendida como una fe activa que nos impulsa al trabajo con los demás, al apoyo de los liderazgos naturales que nacen en nuestras comunidades de abajo hacia arriba, somos una nación que ha aprendido a ser resiliente frente a la crisis humanitaria a través de la acción solidaria de nuestros vecinos y el emprendimiento de muchas familias, somos un pueblo que ha decidido ocupar la calle arrebatando los espacios a la violencia, somos unos ciudadanos que hemos aprendido, con mucho dolor, que la mejor forma de hacer frente y resistir a las agresiones del régimen es a través del trabajo coordinado y organizado con la sociedad civil, en definitiva: somos un pueblo que ha decidido recuperar su democracia.

Por todas estas razones no nos debe sorprender que la esperanza avance con determinación en cada oportunidad que se nos presente para participar. Es por eso que, a pesar de la violencia del Estado, los gremios y sindicatos siguen movilizados en el país para recuperar los derechos que les han sido arrebatados y exigiendo la renovación de las autoridades sindicales. Esta es la razón que hay detrás de la masiva participación en la elección de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, un hito en el compromiso democrático que se está extendiendo a otras universidades públicas. Este es el motivo que puede explicar el interés que ha despertado la celebración de unas primarias en la oposición venezolana, una iniciativa que ha llevado a la calle, a pesar de las amenazas, el debate político sobre la Venezuela del cambio que todos queremos.

No somos ingenuos y sabemos que el régimen seguirá desplegando todos sus recursos para tapiar los caminos democráticos con los que nos estamos abriendo paso al futuro, pero nuestras convicciones son aún más fuertes y atesoramos un aprendizaje valioso para abrirnos paso hacia el futuro.

Apoyar estas luchas por el cambio político y la vuelta de la democracia en nuestro país ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Saray Figueredo habló de su experiencia en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello durante el acto de entrega de la IV Edición del Premio Valores Democráticos Francisco Virtuoso, una distinción que busca reconocer en vida el esfuerzo que hacen venezolanos en defensa y promoción de la democracia, la pluralidad de las ideas, los derechos individuales y las leyes justas. y que este año fueron entregados al doctor en Derecho de la UCAB Ramón Duque Corredor, al padre Alfredo Infante, a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad de los Andes y a mi persona, como fundador de las organizaciones Mi Convive y Alimenta la Solidaridad.

La oportunidad no llegó a Saray por obra de la suerte, fue una convicción personal la que la llevó a no “normalizar” la violencia, negarse a aceptar como un destino los hechos de sangre que atemorizaban a sus vecinos, un com

Saray Figueredo habló de su experiencia en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello durante el acto de entrega de la IV Edición del Premio Valores Democráticos Francisco Virtuoso, una distinción que busca reconocer en vida el esfuerzo que hacen venezolanos en defensa y promoción de la democracia, la pluralidad de las ideas, los derechos individuales y las leyes justas. y que este año fueron entregados al doctor en Derecho de la UCAB Ramón Duque Corredor, al padre Alfredo Infante, a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad de los Andes y a mi persona, como fundador de las organizaciones Mi Convive y Alimenta la Solidaridad.

La oportunidad no llegó a Saray por obra de la suerte, fue una convicción personal la que la llevó a no “normalizar” la violencia, negarse a aceptar como un destino los hechos de sangre que atemorizaban a sus vecinos, un compromiso de vida que pasa por la negación de ser un dato más en la estadística violenta. Sólo necesitó que confiaran en ella y desde Mi Convive pudo desplegar sus mejores talentos para trabajar en los llamados Árbitros organizados por la comunidad, un programa dedicado a dar opciones de vida, trabajo y crecimiento personal para los jóvenes y tratar de reescribir la historia de su hermano, ofreciendo segundas oportunidades a las nuevas generaciones. Una opción real para la transformación personal que se puede extender a toda una comunidad cuando se organiza, junto a sus líderes naturales, en torno a proyectos que mejoran su calidad de vida.

Agradezco al Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, a su rector el padre Arturo Peraza y a quienes propusieron mi nombre para ser identificado como un hacedor de democracia, un reconocimiento que me llena de orgullo y que le pertenece a los activistas de Mi Convive y las comunidades organizadas que todos los días sacan adelante los comedores de Alimenta la Solidaridad. Organizaciones que les pertenecen porque se han ganado el derecho de tener una oportunidad para transformarse junto a sus comunidades, porque son los autores de un proyecto de vida que lucha por el cambio democrático, en definitiva, porque son la reserva moral de los valores democráticos que quedan en Venezuela y los llamados a reconstruir la democracia en el país.

Me siento muy agradecido por este reconocimiento que es de las comunidades, tal como lo dijo Saray Figueredo. Me honra que ella haya recibido este premio en mi nombre, al representar el gran valor y compromiso de nuestros líderes. Yo seguiré junto a ustedes apoyándolos en sus iniciativas por el cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría de los venezolanos.

Este ha sido y seguirá siendo mi compromiso.

Como ya es conocido por todos, Nicolás Maduro no aumentó el salario mínimo integral que queda en un estimado de cinco dólares al momento de escribir este artículo (según la tasa de cambio oficial), incrementó los Cesta Ticket a cuarenta dólares y el llamado Bono de la guerra económica subió hasta los treinta dólares, después de haber anunciado, el día anterior, que el Bono sería de veinte dólares, lo que es otra evidencia del nivel de improvisación de las medidas económicas y la inquietud que debió generar en Miraflores las primeras reacciones a los anuncios.

Lo ocurrido el 1 de mayo en Venezuela pone a nuestra nación en el último escalafón en los salarios en la región y uno de los más bajos del mundo, condena a la pobreza a quienes dependen de su trabajo en la administración pública, margina a los pensionados del país que no tienen derecho a los Cesta Ticket y le quita beneficios a los trabajadores al no incluirse los llamados “bonos” en las prestaciones sociales. Todo esto en medio de una parafernalia oficial que celebra el origen sindical y obrero del líder máximo de una revolución que llegó al poder levantando, entre otras banderas, el de las luchas sindicales y donde Hugo Chávez criticó las “bonificaciones” como estrategia engañosa para compensar el salario sin aumentar las jubilaciones.

Lo ocurrido en el país a comienzos de este mes, afectará a la administración pública al empujar a sus trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo o abandonar definitivamente sus cargos, tendrá efectos muy concretos sobre la calidad de los servicios públicos, desmantelará los restos de la educación pública venezolana y su sistema sanitario, mantendrá a los trabajadores movilizados y expulsará a miles de venezolanos fuera de su patria, familias que deberán buscar subsistir en otras partes del mundo, todas estas consecuencias  de un sistema de gobierno que carece de una política económica coherente y que ha apelado a la represión como la única y quizás más efectiva estrategia para garantizar la “paz” en la calle.

A la estela del escándalo de corrupción que se desveló en el interior de la industria petrolera venezolana, con un estimado de 3 mil millones de dólares perdidos (hay quienes elevan esta cifra hasta los 9 mil millones, e incluso más, gracias a la ausencia de datos oficiales) es imposible considerar que la precariedad de los salarios en el país se debe a las sanciones y el bloqueo imperial. La miseria a la que fuimos condenados el 1 de mayo fue una decisión política, improvisada, embadurnada de argumentos ideológicos endebles, una imposición que demuestra la desconexión del régimen con el país y un acto de doloroso cinismo en el que se exige a las mayorías una “resistencia” que los poderosos no son capaces de practicar.

La humillación que vivimos aquella tarde nos recuerda la certeza de que la única posibilidad que tienen los venezolanos para vivir en su país está en la capacidad que tengamos para organizarnos, de manera solidaria, con los gremios y sindicatos que siguen movilizados en la calle y, sobre todo, en la medida que sigamos trabajando por el cambio pacífico que desean la mayoría de los venezolanos.

Sólo el regreso de la democracia, con todas las garantías políticas que conllevan, los trabajadores tendrán la capacidad de exigir y negociar sus condiciones laborales dentro de una economía que ofrezca garantías para el emprendimiento y reglas de juego claro para los inversores.

Luchar por este cambio ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

A través de encuestas a profundidad realizadas a docentes en 79 planteles educativos a nivel nacional, la Asociación Civil nos vuelve a mostrar un panorama lamentable, en esta oportunidad desde la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes que asisten a los centros educativos. Es así como supimos que una media del 22% de los alumnos incluidos en la muestra, no acuden a los centros escolares para poder colaborar con el ingreso familiar, un porcentaje que puede variar dependiendo de la ciudad desde donde se hace la encuesta, pero que está presente en todos los estados investigados.

Las fallas en los servicios públicos, comenzando por el agua, son otras razones para la deserción escolar según la investigación, carencias que además afectan a los planteles educativos y que dificultad aún más el trabajo (y la vida) de los docentes.

Otro dato relevante que surge en la investigación tiene que ver con el Plan de Alimentación Escolar, PAE. Según la A.C. Con la Escuela, la ausencia de este servicio es una de las razones de peso que hay detrás del abandono de las aulas. En el estudio, sólo el 32.4% de los planteles educativos reciben el PAE diariamente, lo que es un indicador de la envergadura del problema, algo de lo que podemos dar testimonio en primera persona, pues, como muchos saben, los Comedores de Alimenta la Solidaridad nacen como una iniciativa para garantizar la alimentación escolar y así preservar un motivo de peso para que las familias sigan enviando a sus hijos a la escuela.

Como testifica la Asociación Civil y nuestra experiencia en las comunidades, los programas de alimentación escolar son una política pública que está siendo gradualmente abandonada por el Estado, con consecuencias peligrosas para las próximas generaciones de venezolanos.

A todo este panorama hay que agregarle las condiciones laborales de nuestros maestros y profesores, un gremio obligado a trabajar en situaciones precarias, atados a un salario por debajo de las condiciones mínimas de supervivencia y cuyos logros gremiales han sido borrados con la aplicación del llamado Instructivo Onapre. Sólo unas convicciones personales inquebrantables y un compromiso por el futuro, explican que los docentes sigan acudiendo a sus puestos de trabajo, algo que reconocen todas las investigaciones y que hemos visto en las comunidades. Al menos nos queda esta buena noticia dentro de una situación alarmante.

En medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país se entiende muy bien las razones por las que nuestros chamos abandonan el liceo. Cuando la necesidad se asoma por la ventana de la casa, todos tienen que arrimar el hombro y ayudar. Sin embargo, enfrentar la crisis abandonando la educación nos genera una factura imposible de pagar paras las próximas generaciones. La mejor garantía que tiene una familia para mejorar su calidad de vida está en los liceos, pero muchas de ellas no pueden hacerlo sin el apoyo del Estado y de la sociedad civil organizada. Un mejor futuro sólo se conjuga en tiempo presente, si nos organizamos y trabajamos desde ahora.

Acompañar a los docentes en sus luchas sindicales, trabajar para alcanzar un compromiso nacional por la educación de nuestros jóvenes y seguir luchando para lograr el cambio pacífico y democrático que desean la mayoría de los venezolanos como vía para cambiar el Estado y ponerlo al servicio de la educación pública, deben ser objetivos claros de una acción política y social que trabajo hoy, sin dejar de mirar hacia el futuro.