El colapso del sistema educativo ha forzado a los padres a hacer malabarismos para llevar a sus hijos a colegios privados, una apuesta que en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país no pueden costearse la mayoría de las familias. Los resultados ya son visibles: las diferencias educativas están marcando líneas claras entre quienes pudieron costearse una educación privada y aquellos que debieron recurrir al sistema público de enseñanza, construyendo una sociedad desigual que ha perdido uno de los más importantes logros de nuestro período democrático, a saber, disponer de un sistema educativo que diera igualdad de oportunidades para todos.

El panorama es desalentador y debe convocarnos a un proyecto nacional a favor de la recuperación de la educación, una idea en que la que vienen trabajando desde hace años importantes instituciones, universidades, investigadores, Fundaciones y ONG comprometidas con el rescate de estos viveros de esperanza que deber ser nuestros liceos y la comunidad educativa venezolana.

Esta iniciativa pasa necesariamente por la publicación de los verdaderos datos sobre la situación de la educación pública en el país, requiere un compromiso para mejorar los salarios de los docentes y sus condiciones de trabajo, necesita que se suspenda el llamado Instructivo Onapre y exige que los poderosos dejen de perseguir, detener y condenar a los líderes sindicales. En definitiva, necesita el retorno de un sistema de gobierno democrático que convoque a todos en este proyecto.

Nosotros seguiremos en la calle junto a los maestros en sus luchas gremiales, insistiremos en los programas de apoyo educativo, acompañaremos a los padres comprometidos con la educación de sus hijos y estaremos con los liderazgos naturales que han entendido la importancia que tiene el colegio y el liceo como centros de la vida pública. Un trabajo que no aspira a sustituir las responsabilidades del Estado, pero que ayuda a mantener vivo un tejido social desde donde se pueda apoyar el complejo proceso de recuperación de la educación, gran reservorio de los valores democráticos y motor de cambio que necesita Venezuela.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

www.rpatino.com

Roberto Patiño es Ingeniero de Producción-USB. Magíster en Políticas Públicas-Harvard. Fundador de Alimenta La Solidaridad y Mi Convive.

          La propuesta, formulada por una nueva generación de líderes, ciudadanos, activistas y voluntarios, busca facilitar la participación del ciudadano, del usuario, para exigir mejoras y respaldar una visión sobre uno de los más importantes servicios públicos de la ciudad capital. Se trata de una iniciativa de incidencia pública que no se atrinchera en la denuncia, sino que busca ir mucho más allá al poner sobre la mesa un conjunto de propuestas para la recuperación del Metro, tales como la inversión en más y mejores trenes, la transparencia en la gestión de los recursos, la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, la incorporación en la gestión de la empresa de las autoridades municipales de la Gran Caracas y el estado Vargas y la construcción de una cultura inclusiva que nos permita recuperar el orgullo que tuvimos los caraqueños por este servicio. Nuestra visión es que el Metro de Caracas sea de Calidad, Inclusivo, y Democrático, y que esto lo podemos lograr con la participación de los usuarios y dolientes de la actual situación.

          Por el esfuerzo de muchas personas involucradas en la difusión de esta propuesta podemos decir que la campaña ha obtenido algunos resultados. Las autoridades, en medio de reproches y amenazas, acudieron  a las instalaciones del Metro para descubrir aquello que los caraqueños sabían desde hace muchos años: la mala calidad en el servicio de una empresa que hace un puñado de años nos llenaba de orgullo y era un ejemplo para nuestro continente. Las promesas se desplegaron por las pantallas de televisión y hasta ahora se observa un primer esfuerzo en las autoridades por ordenar el servicio, aumentar la seguridad de los usuarios y realizar unas reparaciones mínimas, pero necesarias, en las instalaciones.

Aún queda mucho por hacer y los trabajos en el Metro de Caracas deben ir más allá de la necesaria escoba y el jabón para incluir un programa de inversión de recursos que aumente el número de trenes y unidades de transporte superficiales, recuperen años de desinversión en las instalaciones y se comprometa en la construcción de una gerencia, con una cultura administrativa con la suficiente solidez institucional que permita desplegar planes de inversión y crecimiento para las próximas décadas.

Tenemos que insistir: la incorporación de los usuarios y de las autoridades locales puede ser el anclaje necesario para que el Metro recupere su importancia en nuestra ciudad capital y vuelva a ser un modelo de excelencia para el venezolano. Recuperar estas instalaciones no puede ser una promesa electoral, tiene que ser un compromiso permanente por la calidad de vida de los venezolanos.

Tratar de incidir en la gestión pública en sociedades como la venezolana, donde no existen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, el debate de ideas y la exigencia de transparencia en la gestión de los recursos del Estado, puede tener un alto costo personal para los involucrados, un riesgo que es necesario afrontar para ejercitar el músculo democrático y poner a prueba el compromiso por el cambio que persiste en Venezuela, a pesar de las amenazas. Un esfuerzo concreto que nos llevó a un primer logro, una victoria necesaria que nos confirma que ésta es la vía en el que debemos insistir para apropiarnos de nuestro futuro.

Junto a nuestros líderes, en las comunidades donde venimos trabajando desde hace años con Mi Convive, hemos aprendido que vale la pena asumir iniciativas como esta. El esfuerzo por una mejor calidad de vida y el cambio democrático que quiere Venezuela es un camino difícil, lleno de obstáculos, pero en el que seguiremos insistiendo.

Éste es nuestro compromiso.

          Yuleima comenzó a ejercer su vocación de docente tarde, reconoce, hace apenas diez años, tras superar retos inesperados en su vida. Nunca dudó que podía alcanzar su meta, la constancia en el trabajo fue un valor que aprendió desde muy joven en la casa y en la escuela; sin embargo cada día es más difícil cumplir con esa vocación.

Ella, al igual que todo el gremio docente venezolano, ha visto disminuir sus ingresos desde que el Estado decidió aplicar el llamado Instructivo ONAPRE, unas tablas salariales, escritas por fuera de los márgenes del ordenamiento jurídico venezolano, que desconocen los logros sindicales del magisterio al suprimir bonos e incentivos, un instrumento que el TSJ calificó como inexistente, pero que es usado en todas las quincenas para quitarle parte de su salario. “Hay desánimo entre las maestras, se lamenta, hay quienes dicen que ganan más dinero vendiendo café en la calle que atendiendo un salón con treinta chamos” nos dice, mientras saca cuentas y repite lo que hemos escuchado todos estos días en las calles de Venezuela: “nos merecemos un salario digno, tener nuestro dinero para comprar nuestra comida, nuestras cosas, tener una vida”, con ese Instructivo “nos meten mano en nuestra cartera y nos piden un sacrificio que ellos, no son capaces de hacer”.

          Yuleima sabe que está ante un año complejo, la educación pública en Venezuela se ha convertido en un reto para los docentes, padres y jóvenes. Las instalaciones de su unidad educativa no están completamente reparadas, dejaron las obras por la mitad “y nos llaman todos los días para que hablemos con los padres y representantes, para que pidamos materiales para la escuela, un martilleo constante –se queja- ¿Cómo voy a pedirles a unos padres que nos compren unos bombillos si a veces mandan a sus hijos con un vaso de agua como desayuno?”.

Con una inflación anual del 155% sobre los alimentos, según el Banco Mundial, Venezuela es el tercer país con mayor inflación alimentaria del mundo, una realidad que expone a los niños y jóvenes a una situación de inseguridad nutricional que afecta su crecimiento y su educación. “Tú no puedes prender un carro sin gasolina, un chamo no puede estudiar con hambre”, nos dice Yuleima quien afirma estar alarmada, las secuelas de la pandemia se sienten en el nivel educativo de sus alumnos, la educación a distancia no funcionó, se lamenta, “los muchachos lo que hacían era trascribir las tareas que los padres les hacían”, hay mucho que hacer en muy poco tiempo, “antes de terminar el curso, antes de que se vayan del país”, comenta mientras lleva la lista mental de los nueve alumnos que se fueron de Venezuela antes de culminar las clases.

Ahora Yuleima comparte su responsabilidad y divide su tiempo con otra vocación: el trabajo comunitario. Es egresada de la Segunda Corte de la Red Solidaria y en la actualidad, con el apoyo de sus vecinos y amigos, y con la fuerza que le dio una comunidad organizada, pudo abrir un comedor de Alimenta la Solidaridad en su casa y por allí pasan, de lunes a viernes, sesenta niños. “Ellos son el país, sin ellos Venezuela se va a pique y hay que darles todo el apoyo que necesitan, hacerles crecer el sentido de pertenencia, de madurez e inclusión”. “Vendrá un cambio en el país”, nos dice, “los venezolanos somos gente trabajadora y nos merecemos cosas buenas, la gente está cansada y quiere cambio, por eso es necesario que los chamos sigan estudiando, cuando uno se esfuerza los sueños se cumplen, yo pude ser maestra”, concluye mientras reconoce que, pese a las dificultades, volverá al aula de clase en el próximo curso, los niños de su colegio la siguen buscando en la calle o en un vagón del Metro y es un compromiso que no puede ni quiere eludir.

Volver a clases en Venezuela es un reto para la mayoría de los venezolanos, un compromiso por el futuro que exige el mayor esfuerzo de las familias, profesores y comunidades, una apuesta cierta por el futuro, una necesidad para avanzar el cambio que tanto necesita Venezuela. Somos un país que se merece cosas buenas y desde Mi Convive seguiremos trabajando en el apoyo a estos nuevos líderes y activistas que se comprometen por el futuro que tanto necesitamos y que nos merecemos todos.

Éste es nuestro compromiso.

          Hoy, aquel sueño se ha convertido en una pesadilla. Pese a las promesas de inversión y recuperación del servicio que regularmente hacen los voceros del régimen, hemos podido constatar que el 70% de las escaleras mecánicas no funcionan, apenas disponemos de 28 trenes de los 108 que deben trabajar en todo el sistema, en el 87% de los viajes que realizamos, los vagones no contaban con aire acondicionado, existe un promedio de 180 fallas diarias en las 4 líneas, el retraso y los desalojos del sistema son parte de la “normalidad” del trayecto, para acceder a algunas estaciones es necesario cuidar nuestras pertenencias, mientras que la iluminación y limpieza son aspiraciones imposibles para usuarios que usan el servicio como una condena impuesta por las circunstancias y la necesidad.

          Aquella obra que tanto nos llenó de orgullo, hoy está desmantelada, expresión de un país que ha sido testigo de años de desinversión en sus más elementales servicios públicos, haciendo de nuestro entorno un espacio hostil donde la convivencia es siempre un reto.

          Es por eso que un grupo de ciudadanos conscientes de las amplias implicaciones que tiene en la calidad de vida un servicio como el Metro de Caracas, salimos a la calle con la propuesta Metro 8330, una propuesta que pone en el centro la participación del ciudadano para lograr los cambios. Esto se refleja en unas exigencias urgentes complementada con una visión de largo plazo para las cuales estamos recogiendo apoyo y nos estamos organizando alrededor de ellas.

Nuestra visión incluye un planteamiento político que acerque la toma de decisiones al ciudadano la gerencia del servicio, a través del nombramiento de una autoridad única para la movilidad en Caracas que responda a una Junta Directiva compuesta por las autoridades locales de Caracas, Miranda y La Guaira que con criterios técnicos, profesionales y sobre todo abierto a la participación de la ciudadanía y sus autoridades, esté dispuesto a recuperar sus instalaciones y seguir avanzando en su expansión.

          La descentralización del servicio, la transparencia en la administración de los recursos, la mejora en las condiciones laborales y del trato a los usuarios son las primeras estaciones de un largo recorrido que debemos hacer para recuperar un espacio vital para la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos seguros que con la activa participación de los ciudadanos, con el compromiso de una sociedad que lucha por el cambio democrático y pacífico en el país, podremos lograrlo. 

          Hace cuarenta años, en medio de una Venezuela cruzada de problemas políticos y económicos, como cualquier otro país democrático de su entorno, los venezolanos tuvimos razones para saber que podemos hacer frente a nuestros problemas: a unos metros bajo tierra había un ejemplo de que podíamos dejar de ser simples transeúntes de nuestra ciudad, un lugar donde los caraqueños y sus visitantes, se manifiestan como verdaderos ciudadanos conscientes de la importancia de cuidar un servicio público, un ejemplo de que tenemos derecho a una vida de calidad, una evidencia de que podemos ser buenos gerentes y mejores personas.

Hace cuarenta años, el Metro de Caracas fue el espacio donde los ciudadanos coincidimos en un proyecto común, en el que pudimos mostrar nuestras mejores virtudes como venezolanos, donde nos reafirmamos en lo que mejor que teníamos como personas, unas potencialidades que siempre estuvieron allí, esperando manifestarse.

          Ayúdanos a recuperar el Metro de Caracas, los venezolanos nos merecemos una buena noticia y con el esfuerzo de todos, podemos lograrlo.

Puedes apoyar la iniciativa en línea y también te esperamos a las puertas de las estaciones para que nos apoyes, con tu firma, en el proyecto Metro 8330.  

          Su esposo fue ejecutado en plena vía pública por estar haciendo una carrera a una persona que la policía estaba persiguiendo. Tras detenerlos y matar al pasajero, su marido fue ejecutado para no dejar testigos; la única razón que le dieron fue que hubo un “enfrentamiento”, parte de los argumentos que repiten los funcionarios para justificar una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales en nuestro país.

          El caso de Estrella es uno de diez que El Monitor de Víctimas de Mi Convive está divulgando en el trabajo de investigación “Diez que son miles: el impacto de las ejecuciones extrajudiciales en las mujeres de Caracas”, testimonios en primera persona, que describen la situación a la que son sometidas las madres, tías, hermanas, abuelas e hijos de las víctimas de la violencia de Estado. Una práctica generalizada que busca coaccionar e intimidar a toda la población, pero especialmente a las más vulnerables, una estrategia de gatillos alegres y crueldad policial que ha dejado, entre otras cosas, una estela de familias desgarradas y una sociedad que desconfía de sus instituciones.

          Entre mayo del 2017 y septiembre del 2021, Monitor de Víctimas ha logrado documentar 4.386 muertes violentas sólo en el área Metropolitana de Caracas, de los cuales, 1.611 asesinatos fueron ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado. La mayoría de ellos: jóvenes entre los 18 y 29 años de edad de tez morena. Lamentablemente basta con ser un chamo moreno, que vive en un barrio de la capital, para levantar la sospecha del funcionario de turno y convertirse en una diana de piel y sangre al que apuntan las armas de asesinos con placas y uniformes.

          Pese a todas las denuncias hechas por Organizaciones No Gubernamentales en el terreno y organismos multilaterales, el régimen sigue empeñado en una política de seguridad hecha de espaldas a las comunidades, en un marco de impunidad legal y corrupción de las instituciones, una política pensada para amedrentar a los ciudadanos, una estrategia que ha dejado familias rotas, huérfanos, terror, estigmas sociales y un ciclo de rencor que aleja cada vez más al Estado de los ciudadanos a los que deben proteger.

          Una madre que conserva las manchas de sangre en las paredes de su casa después de que su hijo fuera acribillado por el FAES, una abuela que se niega a reparar las perforaciones de bala que dejaron en su casa los funcionarios policiales para simular el enfrentamiento con el que justificaron el asesinato de su nieto, una esposa que sigue sin saber cómo sumar o restar años al momento de celebrar el cumpleaños de su marido; son sólo algunos relatos que debemos documentar y difundir en un esfuerzo de generar políticas de contención frente a los abusos policiales y como parte de un trabajo que nos permitirá, en un futuro, hacer justicia.

          “Diez que son miles” es un texto y cortometraje duro y necesario, un llamado de atención a la sociedad y un reconocimiento a todas las mujeres que han sido víctimas indirectas de los asesinatos extrajudiciales en el país. Por ellas y sus familiares, desde Mi Convive seguiremos trabajando para lograr la Venezuela del cambio en el que la justicia y el estado de derecho, propio de los sistemas democráticos, nos dé garantías para la convivencia pacífica y la justicia.

Este es nuestro compromiso.

Pueden encontrar la investigación “Diez que son miles” en diezquesonmiles.com

Para ver el cortometraje ingresar a

Roberto Patiño

Cofundador de Alimenta La Solidaridad y de Caracas Mi Convive.

En El Cementerio, por ejemplo, ante el grave problema de la falta de agua, líderes de un sector en el que el servicio todavía funciona se ponen de acuerdo con líderes de sectores colindantes desabastecidos. Establecen conexiones con mangueras para así poder compartir el agua entre las personas. Esta acción genera un alivio de enorme importancia que surge a partir de la aplicación de valores convivenciales. Se contrapone a la represión, opacidad y oportunismo instrumentalizados desde el Estado.

En San Antonio de El Valle, Tibisay maneja redes de información con aliados en otras organizaciones vecinales y grupos de acción social, lo que le permite monitorear la situación de contagios de COVID en su comunidad. Hace un gran trabajo de concientización difundiendo medidas de protección y cuidado, detectando a las personas más vulnerables y articulando ayudas de medicinas, alimentos, transporte y voluntariado.

Estos casos ejemplifican la importancia que el liderazgo comunitario ha venido alcanzado en el contexto de deriva autoritaria y pérdida de espacios democráticos que han signado la crisis nacional. Representan una opción alternativa que ve el liderazgo y la acción social y política no como un ejercicio de acumulación de poder, sino que asumen la responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda mancomunada de soluciones e iniciativas que redunden directamente en el bienestar general.

En el movimiento Caracas Mi Convive, hemos trabajado para la generación de una plataforma que reconozca, potencie y ayude a generar este liderazgo, con la visión de que significa una nueva forma de acción social y política. Un liderazgo que se expresa de diversas maneras: organizaciones civiles que hacen vida en la comunidad desde hace años, jóvenes vinculados a iniciativas en contra de la violencia o en la promoción del deporte, madres que en medio de las dificultades convierten a sus hogares en guarderías o comedores, maestros que trabajan en escuelas que constituyen puntos de encuentro en el barrio, representantes de organizaciones religiosas con vínculos estrechos con la comunidad, activistas sociales que recuperan espacios, organizan protestas, coordinan movilizaciones.

Este liderazgo diverso nos ha permitido desarrollar iniciativas como Alimenta la Solidaridad, Monitor de Víctimas y la Red Solidaria. A nivel nacional nos ha permitido construir un tejido de casi 600 líderes presentes en distintos estados del país, con un compromiso de voluntariado, organización y autogestión.

Como dice Marbelis, una de nuestras madres líderes en Alimenta La Solidaridad: «En el trabajo con el comedor nos hemos dado cuenta de que no podemos depender solo de la organización (Caracas Mi Convive) y que es algo que nos corresponde asumir a nosotras…He aprendido que no solo se trata del plato de comida que llevas, es que creces como persona». El reconocimiento del valor del otro y de sí mismos, es también fundamental. Así lo afirma Amelia, otra de nuestras madres: «Aprendí a tener firmeza y confianza en mí, y que lo que yo piense, es lo que tengo que sacar adelante».

En el contexto de orfandad institucional, represión e imposición de sistemas de control que estamos padeciendo, el liderazgo de las comunidades expresa la respuesta convivencial de las personas, en sintonía con los aspectos más luminosos de nuestro gentilicio y humanidad. Su papel en los procesos para lograr un cambio hacia la democracia y la construcción de un nuevo país son fundamentales.

Con el advenimiento de la pandemia del COVID-19, esta situación se agudiza, y se refuerzan el desconocimiento, la persecución y el aprovechamiento desde el Estado para instrumentalizar la emergencia y reforzar sistemas de control y subyugación. Durante la pandemia, han aumentado las detenciones ilegales de periodistas y trabajadores de la salud, se han recrudecido las violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad, de igual forma que se ha extendido el colapso de servicios básicos.

Otro de los efectos nefastos de esta política de imposición violenta, conflictividad y empobrecimiento, ha sido la criminalización oficial de migrantes retornados y personas contagiadas, con campañas gubernamentales de censura, persecución y delación, que estigmatizan a amplios sectores de la población, promoviendo el desconocimiento de las carencias del sistema de salud y el fallo de las políticas estatales para enfrentar la pandemia.

Los venezolanos vivimos entonces la situación de cuarentena y contagio, en una condición de orfandad institucional sanitaria, no solo carentes de la ayuda y asistencia que el Estado debe naturalmente promover y generar, sino además hostigados y amenazados por las instituciones públicas que, lejos de cumplir sus deberes y obligaciones, se convierten en agentes de amenaza y desconfianza para las personas.

Una respuesta a esta falta de institucionalidad ha sido la activación y reforzamiento de redes de apoyo y solidaridad, al igual que la articulación de diversos grupos e iniciativas que abordan las grandes emergencias que, en materia de derechos humanos, alimentación, salud y violencia, entre otras, estamos padeciendo. Es decir, la aplicación de valores convivenciales de encuentro, organización, reconocimiento y solidaridad, en acciones coordinadas de comunidades, gremios y ONG. En el caso del Movimiento Caracas Mi Convive, estas acciones se expresan en nuestras iniciativas de Alimenta la Solidaridad, Monitor de Victimas y Red Solidaria, entre otras, que vinculan a comunidades, madres, líderes locales, aliados y voluntariado en soluciones organizadas desde y para las personas.

Estas acciones tienen como principales protagonistas a las comunidades y grupos directamente afectados por los problemas, acopladas con otros actores sociales en esfuerzos sostenibles, en modelos inclusivos, productivos y democráticos, que pueden ser reproducidos en otros ámbitos. Es precisamente esta aplicación práctica de los valores convivenciales, la que nos ha ayudado a mantenernos activos en esta situación de crisis sistémica, agravada por la pandemia.

Denunciar las acciones dictatoriales del régimen, apoyar desde nuestros espacios las iniciativas que enfrentan la emergencia, y vincularnos activamente en estas iniciativas, a través del encuentro organizado entre las personas, son las vías que cada vez más venezolanos estamos transitando para lograr las transformaciones que el país demanda en lo social, político y económico.

Esta realidad es la que conocemos los venezolanos, viviéndola diariamente y afectados en todos los aspectos de nuestra cotidianidad. Las cifras del informe son palmarias: un tercio de la población padece inseguridad alimentaria severa y solo un 3% de los hogares venezolanos no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria. Solo un cuarto de la población tiene acceso diario a agua. Impacta un nivel de pobreza de 90% de la población, con más de un 40% en condiciones de pobreza extrema.

De igual forma, se evidencia el aumento sostenido de indicadores de desnutrición, empobrecimiento, colapso de servicios y niveles de educación que muestra la política de colapso y empobrecimiento que ha llevado el régimen para sostenerse en el poder, generando condiciones de sometimiento, control y dependencia sobre la población.

Lo cierto es que el país vive una realidad de colapso sistémico que solo puede revertirse desde la implementación de un plan de emergencia y un proyecto democrático y solidario de reconstrucción, inclusivo y sostenible en el tiempo. Acciones imposibles de llevarse a cabo bajo el actual régimen autoritario y violento.

En las comunidades esta realidad es reconocida en toda su crudeza. Como testimonian madres, líderes locales, activistas sociales y vecinos comprometidos en redes de apoyo, el estado actual de colapso y caos es solo comparable al de una guerra o una catástrofe natural, y solo puede ser abordado desde el encuentro de las fuerzas vivas de la sociedad en su conjunto. El nivel de destrucción y empobrecimiento en el que ha caído el país solo puede superarse con el esfuerzo mancomunado de todos. Sobre todo, en el marco de la pandemia de COVID-19, cuyos efectos, en nuestro caso, solo agravan a niveles agudos los graves problemas que en lo social y económico estamos sufriendo.

El informe ENCOVI también nos muestra el grado de desinstitucionalización que ha precipitado el régimen, en el que los entes del Estado no aportan datos ni informaciones, en una política de opacidad y censura que impide caracterizar correctamente la situación y generar estrategias y acciones reales y efectivas. De igual forma, el mismo Estado ha excluido a otros actores sociales para la generación de estrategias mancomunadas, primordiales en una situación como la nuestra, por lo que gremios académicos y productivos, así como grupos especializados, deben trabajar sin apoyo gubernamental y muchas veces con este en contra, en la solución o alivio de los problemas que estamos padeciendo.

Nuestra actual situación solo puede describirse como desastrosa, sin paliativos que minimicen el grave cuadro en el que nos encontramos. La necesidad de un cambio inmediato y la vinculación de todos alrededor de la solución a la emergencia y el empobrecimiento que padecemos es ya un llamado alrededor del que debe cohesionarse toda Venezuela.

Es evidente que, ante el rechazo popular y mayoritario, el régimen actual se mantiene en el poder a través de la violación masiva de los derechos humanos de la población. El Estado ha sido despojado de los mínimos mecanismos democráticos, para convertirse en un ente represor. Hostiga a las personas y promueve y ejecuta acciones violentas desde instituciones públicas coaptadas por la dictadura y grupos paramilitares afectos al gobierno.

De igual forma, el uso discrecional del “Estado de Alarma” de la pandemia, le ha permitido a la dictadura acentuar la represión y las detenciones ilegales, realizando también actos de violencia y difamación sobre grupos como el personal de salud, periodistas o manifestantes.

En nuestra iniciativa Monitor de Victimas, ya hemos alertado acerca de la acción de cuerpos de seguridad como las FAES, la Policía Nacional y la GN, que, sólo en Caracas, han sido responsables de casi un tercio de las muertes violentas en nuestras comunidades en el último año.

El informe de la Alta Comisionada también hace referencia a las situaciones de hacinamiento a las que están sometidos los presos políticos en instalaciones de DGCIM y el SEBIN, así como los hechos de violencia producidos en mayo en el centro de detención Cepello en Guanare, Estado Portuguesa, que muestran la realidad del sistema carcelario venezolano.

Para los venezolanos lo expuesto en el informe no nos sorprende. Las transgresiones del Estado forman parte de la vida diaria de los ciudadanos.  En nuestras comunidades son varios los testimonios de madres, vecinos y líderes sobre esta realidad. Desde la agudización de sistemas de control como los CLAPS, hasta la generación de situaciones de violencia como las que afectaron a Petare en mayo y en estos días a las comunidades de La Vega y la Cota 905, el Estado se ha convertido en un factor de colapso, caos y sobre todo violencia, que afecta a la sociedad en todos los niveles de la vida nacional.

Frente a esta situación debemos continuar visibilizando las acciones de la dictadura, y profundizar acciones de organización e involucramiento que nos permitan enfrentar los graves problemas de la emergencia generada por el régimen. Es cierto que sin un cambio político radical la situación que atravesamos solo puede agravarse, pero igualmente debemos generar y fortalecer lazos convivenciales que permitan a la sociedad civil enfrentar la situación dantesca que estamos padeciendo.