En El Cementerio, por ejemplo, ante el grave problema de la falta de agua, líderes de un sector en el que el servicio todavía funciona se ponen de acuerdo con líderes de sectores colindantes desabastecidos. Establecen conexiones con mangueras para así poder compartir el agua entre las personas. Esta acción genera un alivio de enorme importancia que surge a partir de la aplicación de valores convivenciales. Se contrapone a la represión, opacidad y oportunismo instrumentalizados desde el Estado.

En San Antonio de El Valle, Tibisay maneja redes de información con aliados en otras organizaciones vecinales y grupos de acción social, lo que le permite monitorear la situación de contagios de COVID en su comunidad. Hace un gran trabajo de concientización difundiendo medidas de protección y cuidado, detectando a las personas más vulnerables y articulando ayudas de medicinas, alimentos, transporte y voluntariado.

Estos casos ejemplifican la importancia que el liderazgo comunitario ha venido alcanzado en el contexto de deriva autoritaria y pérdida de espacios democráticos que han signado la crisis nacional. Representan una opción alternativa que ve el liderazgo y la acción social y política no como un ejercicio de acumulación de poder, sino que asumen la responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda mancomunada de soluciones e iniciativas que redunden directamente en el bienestar general.

En el movimiento Caracas Mi Convive, hemos trabajado para la generación de una plataforma que reconozca, potencie y ayude a generar este liderazgo, con la visión de que significa una nueva forma de acción social y política. Un liderazgo que se expresa de diversas maneras: organizaciones civiles que hacen vida en la comunidad desde hace años, jóvenes vinculados a iniciativas en contra de la violencia o en la promoción del deporte, madres que en medio de las dificultades convierten a sus hogares en guarderías o comedores, maestros que trabajan en escuelas que constituyen puntos de encuentro en el barrio, representantes de organizaciones religiosas con vínculos estrechos con la comunidad, activistas sociales que recuperan espacios, organizan protestas, coordinan movilizaciones.

Este liderazgo diverso nos ha permitido desarrollar iniciativas como Alimenta la Solidaridad, Monitor de Víctimas y la Red Solidaria. A nivel nacional nos ha permitido construir un tejido de casi 600 líderes presentes en distintos estados del país, con un compromiso de voluntariado, organización y autogestión.

Como dice Marbelis, una de nuestras madres líderes en Alimenta La Solidaridad: «En el trabajo con el comedor nos hemos dado cuenta de que no podemos depender solo de la organización (Caracas Mi Convive) y que es algo que nos corresponde asumir a nosotras…He aprendido que no solo se trata del plato de comida que llevas, es que creces como persona». El reconocimiento del valor del otro y de sí mismos, es también fundamental. Así lo afirma Amelia, otra de nuestras madres: «Aprendí a tener firmeza y confianza en mí, y que lo que yo piense, es lo que tengo que sacar adelante».

En el contexto de orfandad institucional, represión e imposición de sistemas de control que estamos padeciendo, el liderazgo de las comunidades expresa la respuesta convivencial de las personas, en sintonía con los aspectos más luminosos de nuestro gentilicio y humanidad. Su papel en los procesos para lograr un cambio hacia la democracia y la construcción de un nuevo país son fundamentales.

Con el advenimiento de la pandemia del COVID-19, esta situación se agudiza, y se refuerzan el desconocimiento, la persecución y el aprovechamiento desde el Estado para instrumentalizar la emergencia y reforzar sistemas de control y subyugación. Durante la pandemia, han aumentado las detenciones ilegales de periodistas y trabajadores de la salud, se han recrudecido las violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad, de igual forma que se ha extendido el colapso de servicios básicos.

Otro de los efectos nefastos de esta política de imposición violenta, conflictividad y empobrecimiento, ha sido la criminalización oficial de migrantes retornados y personas contagiadas, con campañas gubernamentales de censura, persecución y delación, que estigmatizan a amplios sectores de la población, promoviendo el desconocimiento de las carencias del sistema de salud y el fallo de las políticas estatales para enfrentar la pandemia.

Los venezolanos vivimos entonces la situación de cuarentena y contagio, en una condición de orfandad institucional sanitaria, no solo carentes de la ayuda y asistencia que el Estado debe naturalmente promover y generar, sino además hostigados y amenazados por las instituciones públicas que, lejos de cumplir sus deberes y obligaciones, se convierten en agentes de amenaza y desconfianza para las personas.

Una respuesta a esta falta de institucionalidad ha sido la activación y reforzamiento de redes de apoyo y solidaridad, al igual que la articulación de diversos grupos e iniciativas que abordan las grandes emergencias que, en materia de derechos humanos, alimentación, salud y violencia, entre otras, estamos padeciendo. Es decir, la aplicación de valores convivenciales de encuentro, organización, reconocimiento y solidaridad, en acciones coordinadas de comunidades, gremios y ONG. En el caso del Movimiento Caracas Mi Convive, estas acciones se expresan en nuestras iniciativas de Alimenta la Solidaridad, Monitor de Victimas y Red Solidaria, entre otras, que vinculan a comunidades, madres, líderes locales, aliados y voluntariado en soluciones organizadas desde y para las personas.

Estas acciones tienen como principales protagonistas a las comunidades y grupos directamente afectados por los problemas, acopladas con otros actores sociales en esfuerzos sostenibles, en modelos inclusivos, productivos y democráticos, que pueden ser reproducidos en otros ámbitos. Es precisamente esta aplicación práctica de los valores convivenciales, la que nos ha ayudado a mantenernos activos en esta situación de crisis sistémica, agravada por la pandemia.

Denunciar las acciones dictatoriales del régimen, apoyar desde nuestros espacios las iniciativas que enfrentan la emergencia, y vincularnos activamente en estas iniciativas, a través del encuentro organizado entre las personas, son las vías que cada vez más venezolanos estamos transitando para lograr las transformaciones que el país demanda en lo social, político y económico.

Esta realidad es la que conocemos los venezolanos, viviéndola diariamente y afectados en todos los aspectos de nuestra cotidianidad. Las cifras del informe son palmarias: un tercio de la población padece inseguridad alimentaria severa y solo un 3% de los hogares venezolanos no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria. Solo un cuarto de la población tiene acceso diario a agua. Impacta un nivel de pobreza de 90% de la población, con más de un 40% en condiciones de pobreza extrema.

De igual forma, se evidencia el aumento sostenido de indicadores de desnutrición, empobrecimiento, colapso de servicios y niveles de educación que muestra la política de colapso y empobrecimiento que ha llevado el régimen para sostenerse en el poder, generando condiciones de sometimiento, control y dependencia sobre la población.

Lo cierto es que el país vive una realidad de colapso sistémico que solo puede revertirse desde la implementación de un plan de emergencia y un proyecto democrático y solidario de reconstrucción, inclusivo y sostenible en el tiempo. Acciones imposibles de llevarse a cabo bajo el actual régimen autoritario y violento.

En las comunidades esta realidad es reconocida en toda su crudeza. Como testimonian madres, líderes locales, activistas sociales y vecinos comprometidos en redes de apoyo, el estado actual de colapso y caos es solo comparable al de una guerra o una catástrofe natural, y solo puede ser abordado desde el encuentro de las fuerzas vivas de la sociedad en su conjunto. El nivel de destrucción y empobrecimiento en el que ha caído el país solo puede superarse con el esfuerzo mancomunado de todos. Sobre todo, en el marco de la pandemia de COVID-19, cuyos efectos, en nuestro caso, solo agravan a niveles agudos los graves problemas que en lo social y económico estamos sufriendo.

El informe ENCOVI también nos muestra el grado de desinstitucionalización que ha precipitado el régimen, en el que los entes del Estado no aportan datos ni informaciones, en una política de opacidad y censura que impide caracterizar correctamente la situación y generar estrategias y acciones reales y efectivas. De igual forma, el mismo Estado ha excluido a otros actores sociales para la generación de estrategias mancomunadas, primordiales en una situación como la nuestra, por lo que gremios académicos y productivos, así como grupos especializados, deben trabajar sin apoyo gubernamental y muchas veces con este en contra, en la solución o alivio de los problemas que estamos padeciendo.

Nuestra actual situación solo puede describirse como desastrosa, sin paliativos que minimicen el grave cuadro en el que nos encontramos. La necesidad de un cambio inmediato y la vinculación de todos alrededor de la solución a la emergencia y el empobrecimiento que padecemos es ya un llamado alrededor del que debe cohesionarse toda Venezuela.

Es evidente que, ante el rechazo popular y mayoritario, el régimen actual se mantiene en el poder a través de la violación masiva de los derechos humanos de la población. El Estado ha sido despojado de los mínimos mecanismos democráticos, para convertirse en un ente represor. Hostiga a las personas y promueve y ejecuta acciones violentas desde instituciones públicas coaptadas por la dictadura y grupos paramilitares afectos al gobierno.

De igual forma, el uso discrecional del “Estado de Alarma” de la pandemia, le ha permitido a la dictadura acentuar la represión y las detenciones ilegales, realizando también actos de violencia y difamación sobre grupos como el personal de salud, periodistas o manifestantes.

En nuestra iniciativa Monitor de Victimas, ya hemos alertado acerca de la acción de cuerpos de seguridad como las FAES, la Policía Nacional y la GN, que, sólo en Caracas, han sido responsables de casi un tercio de las muertes violentas en nuestras comunidades en el último año.

El informe de la Alta Comisionada también hace referencia a las situaciones de hacinamiento a las que están sometidos los presos políticos en instalaciones de DGCIM y el SEBIN, así como los hechos de violencia producidos en mayo en el centro de detención Cepello en Guanare, Estado Portuguesa, que muestran la realidad del sistema carcelario venezolano.

Para los venezolanos lo expuesto en el informe no nos sorprende. Las transgresiones del Estado forman parte de la vida diaria de los ciudadanos.  En nuestras comunidades son varios los testimonios de madres, vecinos y líderes sobre esta realidad. Desde la agudización de sistemas de control como los CLAPS, hasta la generación de situaciones de violencia como las que afectaron a Petare en mayo y en estos días a las comunidades de La Vega y la Cota 905, el Estado se ha convertido en un factor de colapso, caos y sobre todo violencia, que afecta a la sociedad en todos los niveles de la vida nacional.

Frente a esta situación debemos continuar visibilizando las acciones de la dictadura, y profundizar acciones de organización e involucramiento que nos permitan enfrentar los graves problemas de la emergencia generada por el régimen. Es cierto que sin un cambio político radical la situación que atravesamos solo puede agravarse, pero igualmente debemos generar y fortalecer lazos convivenciales que permitan a la sociedad civil enfrentar la situación dantesca que estamos padeciendo.

La visión del partido siempre ha sido de apertura, inclusión, transparencia y modernidad, promoviendo una idea de Estado descentralizado y generador de la convivencia.  De igual forma, el liderazgo de Primero Justicia ha tenido un papel significativo en el logro de la unidad de los distintos factores democráticos del país, así como la articulación activa de bases populares en iniciativas de empoderamiento y autogestión.

Actualmente, en el contexto de la imposición violenta e ilegal de un modelo dictatorial, el partido, al igual que el país, sufre el hostigamiento y el ataque del régimen encabezado por Nicolas Maduro. El nombramiento de una supuesta nueva directiva, generado desde un TSJ ilegal y plegado al poder, es un ataque que se hace sobre PJ y otros partidos como AD, y que intentan extender a Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, para erradicar a las fuerzas democráticas que todavía luchan en Venezuela, buscando construir una falsa “oposición” obediente a la dictadura.

Este ataque se da en medio de una gravísima crisis nacional y el desarrollo de una pandemia, hechos instrumentalizados por el régimen para ejercer sistemas de control y opresión, que le permitan mantenerse en el poder a pesar del rechazo de la inmensa mayoría del país.

En las actuales circunstancias es prioritaria la cohesión de las distintas fuerzas de la sociedad civil ante este ataque, en defensa de los partidos y los valores que representan. De igual forma debemos denunciar a quienes aprovechan esta circunstancia para secuestrar los partidos y ponerse al servicio de la dictadura.

Un partido no es un nombre ni unos símbolos, sino las personas que lo conforman articuladas alrededor de ideales comunes y una visión compartida. En nuestro caso, una visión de democracia, desarrollo e inclusión, totalmente opuesta a la oscuridad y destrucción del modelo dictatorial. Primero Justicia somos las personas que trabajamos para la restitución de la democracia y el bienestar de los venezolanos. Y no vamos a desaparecer o replegarnos por las acciones criminales del régimen. Como Venezuela, nosotros también superaremos esta hora oscura, a pesar del colapso y la destrucción a la que quiere relegarnos la dictadura.

Para quienes trabajamos en las iniciativas del Movimiento Mi Convive, esta situación ha exigido redoblar esfuerzos para asegurar la continuidad y crecimiento de nuestros proyectos y actividades. En el caso de Alimenta la Solidaridad, hemos logrado mantener los comedores en nuestra red nacional, sirviendo más de un millón de almuerzos durante estos meses de confinamiento. La labor de líderes en las comunidades ha sido ejemplar en su trabajo de articulación con las personas y en la mística desplegada para sortear las inmensas dificultades que hemos estado viviendo.

Por sobre las crisis de combustible, electricidad, gas, agua, transporte y telecomunicaciones, las personas vinculadas a este emprendimiento han mantenido funcionando los comedores, usando en algunos casos leña para cocinar o distribuyendo almuerzos en bicicleta, siguiendo los protocolos sanitarios para detener la curva de contagios. Hemos abierto un nuevo comedor en Táchira, uno de los estados más golpeados en el contexto de una emergencia alimentaria que se ha recrudecido a causa de la inédita situación del confinamiento.

Esta emergencia afecta cada vez más a gran parte de nuestra población, sobre todo en nuestras comunidades más vulnerables. Según un reciente informe de Caritas Venezuela, los índices de desnutrición infantil, que entre enero y febrero señalaban un 9% o 10% subieron 14% en marzo y 17,3% en abril. En estados como Zulia, Sucre y Yaracuy pasaron de 20%, mientras se reeditan las terribles situaciones en las que grupos familiares no están en capacidad de comer tres o dos veces al día o se ven forzados a buscar comida en la basura.

Esta situación empeorará para el segundo semestre de 2020. La FAO alerta que los suministros de insumos agrícolas importados para la temporada de invierno cubrirán solo el 5% de lo que se necesita en nuestro país. Esta institución estima que casi un tercio de los venezolanos padece inseguridad alimentaria, con más de dos millones de personas padeciendo de inseguridad alimentaria severa. El retorno de los más de 60.000 connacionales ante la falta de oportunidades y recursos generada por la pandemia, va a suponer otro factor de presión para los menguados recursos alimentarios de Venezuela. A ello se agrega el recrudecimiento de la hiperinflación y una mayor caída de la actividad económica.

Desde el Movimiento Caracas Mi Convive creemos que debe tomarse conciencia de esta situación y abordarla desde la organización, la solidaridad y la convivencia. Es prioritario el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en acciones mancomunadas que den respuesta a las necesidades de la emergencia. Debe asegurarse la continuidad y el fortalecimiento de iniciativas y redes de apoyo, así como estimular y promover la creación de nuevas alianzas y emprendimientos abocados a enfrentar la crisis alimentaria.

En medio de esta difícil situación, Alimenta la Solidaridad va llegando a los 4 años de fundada, y el ejemplo de los logros alcanzados y de las personas vinculados al proyecto, nos muestra la posibilidad real de enfrentar exitosamente los más graves problemas desde los esfuerzos plurales e inclusivos. Los tiempos por venir son de enormes dificultades, en el marco del endurecimiento del sistema autoritario y represivo que afecta al país, así como las nuevas dinámicas que en lo social, político y económico ha generado la pandemia de COVID 19 en el mundo. Debemos afrontar estos retos desde los intereses y necesidades comunes, valorando el aporte de las personas desde sus espacios de acción e influencia, guiados por los valores convivenciales y de solidaridad que nos permitan encontramos para enfrentar la adversidad.

En respuesta a ello, el Movimiento Caracas Mi Convive, en alianza con el portal Runrunes, lleva desde 2017 la iniciativa Monitor de Víctimas, que surge con el objetivo de caracterizar los patrones de homicidios que ocurren en el área metropolitana de Caracas. Monitor publica anualmente un informe, con cifras aportadas por líderes, periodistas, funcionarios, miembros de comunidades y víctimas de la violencia.

Disponible desde esta semana en este link: Informe 2019: Hogares peligrosos y policías asesinos , el informe de 2019 destaca el elevado porcentaje de asesinatos atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado: de las 898 muertes violentas que se produjeron el año pasado en nuestra ciudad, alrededor del 40% fueron por letalidad policial -mayormente atribuidos a las FAES y el CICPC- , seguidos de homicidios por robo (17%) y ajuste de cuentas (9%).

De estos 340 homicidios cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, 263 fueron registradas como “ejecuciones” y 77 como casos de “resistencia a la autoridad”. Hay que destacar que el 93% de estos asesinatos ocurren entre el municipio Sucre y Libertador y que las muertes ocasionadas por funcionarios de seguridad se suceden, casi mitad y mitad, entre la vivienda de las víctimas (45% de los casos) y la vía pública (un 50,8%).

Estos datos señalan cómo el Estado venezolano se ha convertido en el factor principal de generación de violencia, instrumentalizada para imponer formas de subyugación, coerción y amedrentamiento. De igual forma, los datos continúan evidenciando la vinculación de los cuerpos de seguridad a la violación masiva de derechos humanos, una realidad inocultable que ya ha sido señalada incluso por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

La experiencia de Monitor de Victimas está circunscrita solo a Caracas, pero nos habla de la situación de violencia, criminal y estatal, a la que está sometida el país. Las políticas de seguridad ciudadana continúan afincándose en la represión y la militarización. El impacto negativo de estas políticas sobre las comunidades, sobre todo en los sectores populares, sigue generando heridas y costo social intolerable, que afecta la vida de miles de familias venezolanas y su relación con el Estado.

Pero por otro lado la iniciativa de Monitor de Víctimas también demuestra la necesidad de abordar el problema de la violencia desde la articulación de los diferentes actores sociales, involucrando organizaciones civiles, liderazgos locales y comunidades, así como expertos y funcionarios gubernamentales.
El informe de Monitor de Víctimas reitera nuevamente la necesidad urgente de profundizar el análisis sobre la violencia en nuestro país, y la necesidad de superar al actual régimen, que la promueve y utiliza en detrimento del bienestar de las personas.

La opacidad comunicacional es instrumentalizada por el poder para la generación de noticias falsas y la difamación sistematizada de grupos políticos y sociales que cuestionan o se oponen a él. Esta situación también incide negativamente en procesos de organización y articulación, así como en la difusión de iniciativas independientes.

En medio de una crisis sistémica y la pandemia de COVID 19, los venezolanos vivimos en estado de incertidumbre y desinformación, con una gran desconfianza sobre las noticias e informaciones oficiales. Esta situación profundiza aún más la fragmentación social y dificulta los procesos convivenciales, ya que el acceso a información y la posibilidad de comunicarse se restringe y dificulta para amplios sectores del país.

En este sentido, desde el Movimiento Mi Convive reiteramos la importancia del establecimiento de redes solidarias que deben funcionar también como redes de información alternativas a las redes comunicacionales del poder. Su importancia es fundamental en varios niveles ya que estas redes permiten la comunicación no sólo entre los integrantes de una comunidad sino también entre distintas comunidades.

En nuestro caso hemos establecido redes entre los líderes, que manejan informaciones generales que luego se distribuyen entre sus comunidades. Pero esta dinámica también funciona en el otro sentido, ya que gracias a la red, los vecinos pueden informar de manera inmediata sobre las situaciones que están viviendo.

Esto ha sido particularmente importante en el monitoreo de las acciones de las FAES en nuestros barrios, por ejemplo, en la que las redes han permitido recabar información real sobre las acciones así como denunciar los secuestros, ajusticiamientos y violaciones a los derechos humanos que son negados o ocultados por el Estado.

En el contexto de emergencia y cuarentena, nuestras redes han permitido a las personas el acceso a información, así como el contacto y la transmisión de experiencias entre diversos líderes y comunidades. Este ha sido un factor de enorme importancia para la continuidad de iniciativas como Alimenta la Solidaridad y Monitor de Víctimas, al tiempo que se generan fuentes de información confiables y con gran capacidad.

La reciente salida del servicio satelital de Direct TV así como la enorme propaganda difundida por el régimen alrededor de la llegada de tanqueros iraníes al país, son la expresión del terrible proceso de desinformación y propaganda al que estamos sometidos, con un régimen que evidencia cada día más su verdadera naturaleza dictatorial y totalitaria.

Frente a esta realidad debemos redoblar los esfuerzos y las iniciativas para mejorar y ampliar redes de base que informen y comuniquen por sobre la censura y la manipulación gubernamental.

Junior es un reconocido líder y activista social. Durante años ha estado ligado a iniciativas y proyectos tanto en José Félix Ribas como en el resto de Petare. Su participación en el rescate de espacios comunes ha significado la recuperación de calles, plazas y canchas deportivas para sus habitantes, con un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de jóvenes y niños de la comunidad.

Junior es uno los líderes más importantes de Alimenta La Solidaridad en Petare. Nuestro comedor en la parroquia de El Sabor, en la Zona 2, funciona en la platabanda de su casa, en el hogar en el que fue secuestrado. Ese comedor sirve a almuerzos diarios a más de 80 niños, un apoyo de enorme valía e importancia para sus familias en medio de la grave emergencia alimentaria que estamos padeciendo en nuestro país. Igualmente, en este comedor se realizan actividades recreativas, educativas y recreacionales en un esfuerzo conjunto de organizaciones y voluntariado.

El secuestro de Junior se da en medio de los operativos policiales que se iniciaron en la madrugada del viernes en Petare, luego de más de seis días de enfrentamientos armados entre bandas locales, derivados de la funesta política oficial de “zonas de paz”. Estos operativos fueron llevados a cabo por integrantes del CICPC y las FAES, que reprodujeron los patrones de violación de derechos humanos, detenciones ilegales y ajusticiamientos que ya han sido denunciados por ONG como COFAVIC y Provea, así como por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet.
Junior es hipertenso y diabético, y en este sentido debe seguir un régimen de medicación para evitar el deterioro de su salud, por lo que nos preocupa enormemente sus actuales condiciones de reclusión. Desde Alimenta la Solidaridad y el Movimiento Mi Convive nos súmanos a la exigencia de sus familiares y comunidad para que se respeten los derechos humanos de Junior y se garantice su seguridad personal y pronta liberación.

El caso de Junior es una nueva expresión del hostigamiento que desde el estado viene dándose en contra de las comunidades y sus líderes en el país, sometiendo a amplios sectores de la población a la represión y la violencia. Debe detenerse la criminalización de trabajadores sociales de inmediato y generar los mecanismos para la reconstrucción de la convivencia para darle solución a la grave crisis que estamos viviendo.